Decreto de AusteridadAl iniciar este portal de discusión sobre los diferentes temas de la realidad nacional, bajo un enfoque eminentemente jurídico, he considerado que la mejor forma es hacerlo a partir del abordaje del aspecto más importante en el funcionamiento del Estado, y me refiero al tema económico y financiero; de tal manera que el primer tema a proponer será sobre el Decreto Ejecutivo número 49, relacionado sobre la Política de Austeridad emitido el día 02 de septiembre del presente año, por el Presidente de la República, en el que se expondrá una interpretación de los aspectos más importantes del mismo, y con el que se pretende disipar algunos mitos sobre sus alcances reales.

En primer lugar, el artículo 1 del referido Decreto en lo pertinente dice: “El objetivo general… consiste en generar ahorro, impulsando una administración honesta, eficiente y transparente del gasto público, promoviendo que se ejecute con criterios de austeridad y racionalidad, con el fin de reducir el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad fiscal del país, a efecto de darle cumplimiento a las prioridades nacionales y metas establecidas en cada institución.”

En ese sentido, resulta evidente que el objetivo de la política de Austeridad es el ahorro de los recursos públicos; considerando sobre todo el alto grado de endeudamiento Estatal, que según informes recientes ronda el 60% del Producto Interno Bruto (PIB), dicho de otra forma, por cada 100 dólares que produce El Salvador, se deben 60, situación que resulta particularmente apremiante, si se toma en cuenta que un endeudamiento superior al 40% se juzga escandaloso, y viendo situaciones acaecidas en países como Grecia, Italia o España, donde han atravesado duras crisis por esos motivos; y considerando que nuestro país no cuenta con la posibilidad de impulsar una política monetaria propia, debido a la dolarización de nuestra economía, entonces deja al ahorro casi como el único camino a seguir, para sanear las finanzas públicas.

En ese orden de ideas, para lograr el objetivo del ahorro en el erario público, el Ejecutivo ha considerado que se debe impulsar, por una parte, una administración más honesta, eficiente y transparente del Estado, pero por otra, la implementación de criterios de austeridad y racionalidad; de manera que esto nos conduce a cuestionarnos sobre la eficiencia en el manejo de la Administración Pública, y por otra, los criterios bajo los que se rigen, detalles que serán expuestos en artículos posteriores, pero que me permito comentar brevemente algunas ideas al respecto.

Para medir el grado de eficiencia en las Instituciones del Estado, es preciso tomar como partida el Plan Anual de Trabajo (PAT) que elabora cada Dependencia, al menos en el Órgano Ejecutivo; que es donde se detallan las acciones que se desarrollarán en el curso del año, y en el que se establecen unidades de medición para evaluar el cumplimiento de metas de cada Institución, información que debe estar disponible a la ciudadanía en virtud de la Ley de Acceso a la Información Pública, y su Reglamento.

Para determinar la austeridad y racionalidad en la ejecución del gasto público, es necesario tomar como punto de referencia, la Programación de Ejecución Presupuestaria con que cuenta cada Institución y que se elabora de forma anual, en la que se detallan los momentos en que se irán realizando el gasto e inversión pública; de manera que a partir de ahí puede medirse si existe un uso racional de los recursos del Estado.

Ahora bien, en relación al alcance del Decreto analizado, lo vemos desarrollado en su artículo 2, que señala que será de obligatorio cumplimiento en todas las dependencias del Gobierno Central. En este punto, es preciso atender lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 86 de la Constitución de la República cuando menciona que el Gobierno se encuentra conformado por los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; no obstante lo anterior, podría venirse a la mente la Teoría de la “Separación de Poderes”, creyendo que en realidad el Decreto únicamente es vinculante para el Órgano Ejecutivo, sin embargo, es necesario revisar lo dispuesto por el Considerando V que hace referencia al Decreto Legislativo número 522 del 31 de octubre de 2013, donde se consignó que todas las Instituciones que se rigen a partir de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (AFI) se deberán ceñir a lo dispuesto por el Decreto de Austeridad, en este punto, encontramos que, de conformidad al artículo 2 de la Ley AFI, las únicas Instituciones que quedan fuera del alcance de esa Ley son el Banco Central de Reserva, Banco Multisectorial de Inversiones y Banco de Fomento Agropecuario, además de las Municipalidades en aspectos propios de su Autonomía y que no se encuentran cubiertos por el Titulo V de esa Ley; por lo que debe interpretarse que tanto los Órganos Legislativo y Judicial se entienden comprendidos dentro del alcance del Decreto.

En lo que respecta a las Instituciones Descentralizadas No Empresariales, es posible considerar a Instituciones como el Tribunal de Ética Gubernamental, Tribunal de Servicio Civil, Consejo Nacional de la Judicatura entre otros. Por su parte en cuanto a las Instituciones y Empresas Estatales de carácter autónomo, como ANDA, el ISSS o CEL. Así como las entidades e Instituciones que se costeen con fondos públicos o que reciban subvención o subsidio del Estado, en este punto es interesante señalar a todas las Instituciones que por uno u otro motivo reciben algún tipo de financiamiento por parte del Estado, tales como la Cruz Roja Salvadoreña, o algunas Asociaciones que trabajan el tema del combate al VIH, que en virtud de un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reciben fondos públicos para financiar sus labores; entre otras instancias, de las cuales debe entenderse que el alcance del presente Decreto afecta únicamente a aquellas erogaciones que se hagan con fondos provenientes del erario público, quedando lógicamente excluidos aquellos gastos que hagan con financiación privada.

Una vez delimitados los alcances, y el propósito del Decreto de Ahorro y Austeridad, en próximos artículos abordaremos sobre las medidas generales y específicas de ahorro, para finalizar con una tercera entrega dedicada al tema de la fiscalización del gasto público bajo los lineamientos del presente Decreto.

  • Salvador Flores

    Interesante nota, sobre todo tomando en cuenta lo preocupante que se torna el nivel de endeudamiento alcanzado en la actualidad,
    importante seria revisar las medidas especificas del ahorro que se pretenden al emitir el Decreto; para medir asi su efectividad ,que bajo mi perspectiva dependerán de una fiscalizacion exhaustiva resultante de las lineas enunciadas en el mismo.